La legislación básica que debe cumplir una comunidad está establecida en la Ley de Propiedad Horizontal. La Ley de Propiedad Horizontal regula todo lo relativo a una comunidad de propietarios; desde su constitución y los principios para la redacción de los Estatutos de la comunidad, el nombramiento de cargos, las normas en cuanto a celebración de juntas y cómo deben ser las convocatorias; los porcentajes o mayorías para alcanzar acuerdos, afrontar derramas u otros gastos, etc.

Pero una comunidad de propietarios también se rige por lo indicado en su Título Constitutivo, los Estatutos de la comunidad y por las Normas de Régimen Interno. Por supuesto, todas estas normas o acuerdos están supeditados a lo indicado en la Ley de Propiedad Horizontal y no pueden contradecirla en ningún punto.

¿Qué diferencias hay entre estas normativas dentro de la comunidad?

El Título constitutivo son las escrituras, el documento de Escritura de División Horizontal del edificio con sus instalaciones, pisos, locales, garajes y zonas comunes y en el que se asignan las cuotas de participación de cada uno de ellos. Nos servirá para identificar los elementos comunes, los elementos privativos (propiedad privada de uso exclusivo) y los elementos comunes de uso privativo (propiedad común de uso privado).

Los Estatutos de la Comunidad de Propietarios recogen los derechos, obligaciones y prohibiciones de los propietarios de la comunidad. Los Estatutos se pueden establecer en el momento en el que se constituye la comunidad o más adelante. Los aspectos más importantes que suelen recogerse en ellos son: los referentes a los gastos y el reparto entre los propietarios; las normas de contratación de servicios de mantenimiento, reparación y seguros; normas respecto a obras, instalaciones (antenas, aires acondicionados, etc.); posibles modificaciones estéticas de fachadas; normas para contratar un administrador de la comunidad; etc.

Por otro lado tenemos las Normas de Régimen Interno, en los que se recogen aspectos más del día a día de la comunidad. Se establecen como normas de convivencia básicas que persiguen mantener la armonía y el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Dentro de las Normas de Régimen Interno se establecen por ejemplo los horarios para poder acceder a la piscina; las normas sobre juegos infantiles en zonas comunes (pelotas, patines, etc.); horarios para la realización de obras o bricolaje; etc.

¿Cómo y quién establece las normas básicas de una comunidad de propietarios?

Los propios propietarios reunidos en la Junta de Propietarios. La Junta es el órgano de mayor importancia y poder en una comunidad.  La Junta es la que puede reformar o modificar de los Estatutos, así como aprobar el Reglamento de Régimen Interior. Además en la Junta de propietarios se nombran los distintos cargos de la Junta (presidente, administrador y secretario). Las labores de administrador las puede realizar el presidente (u otro vecino) o un administrador de fincas profesional. La Junta se tiene que convocar al menos una vez al año. En las distintas reuniones de junta, ordinarias o extraordinarias, se aprueban las cuentas, se fijan las cuotas de la comunidad, se aprueban presupuestos y, en definitiva, se toman todos los acuerdos que afecten a la comunidad: elección de administrador, dar visto bueno a obras o remodelaciones, etc. 

Cuando de trabajo se habla hoy día podemos ver muchas cosas que se hacen mal y que afectan directamente a la calidad de los trabajadores, pero existe el convenio colectivo, que es de obligado cumplimiento y que garantiza el bienestar de los trabajadores, la organización del trabajo y la calidad del empleo ¿Aun no sabes qué es el convenio colectivo? Pues vamos a explicarte qué es y por qué debe aplicarse el convenio colectivo correcto.

¿Qué es el convenio colectivo?

El Convenio Colectivo de Trabajo es un contrato entre los sindicatos de un determinado sector de actividad y el empleador, que regula las condiciones de trabajo (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, capacitación profesional, etc.) y establece reglas sobre la relación entre los sindicatos y la parte empleadora. Las regulaciones contenidas en este convenido son de aplicación obligatoria por todos los trabajadores del sector, estén o no estén afiliados a los gremios. A la hora de contratar a un trabajador debe determinarse el convenio colectivo aplicable, con el fin de evitar que la relación laboral que se va a entablar quede sometida únicamente a los mínimos de derecho necesario regulado legalmente.

¿Qué consecuencias tendría para el empresario no aplicar el convenio colectivo pertinente?

Pues bien, como toda ley de obligado cumplimiento, si éste convenio no se lleva a cabo por parte de una empresa, el trabajador tiene todo el derecho a demandar judicialmente a la empresa y así llevar a cabo los trámites legales que sean necesarios. La reclamación judicial podrá interponerse para exigir el derecho a la aplicación del convenio colectivo correcto o para el resarcimiento de los derechos que no han sido respetados, en cuyo caso será necesario previamente haber realizado el intento de conciliación. Por tanto, si crees que tu empresa no están cumpliendo con el convenio colectivo correcto, ya sabes que tienes el derecho de demandar judicialmente.

Las operaciones vinculadas hacen referencia a aquellas transmisiones de bienes y/o prestaciones de servicios (préstamos, alquileres, compraventas, trabajos, etc.) realizadas entre entidades o entre entidades y personas (personas físicas o jurídicas) relacionadas a través de un vínculo de tipo societario o familiar. 

Las operaciones vinculadas son por ejemplo aquellas que se producen entre entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial o entre empresas que comparten administradores o tienen accionistas comunes; pero también hacen referencia a operaciones realizadas entre entidades con cónyuges y personas físicas de hasta tercer grado de parentesco con los socios, consejeros o administradores de dichas entidades. También se consideran vinculadas las operaciones entre sociedades participadas por hasta un 25% de personas con dicho grado de parentesco.

Exactamente, ¿de qué tipo de operaciones estamos hablando?

• Operaciones sobre inmuebles (alquileres de locales, compraventa).
• Compraventa de inmovilizado.
• Venta de existencias.
• Préstamos entre la sociedad y el socio, o viceversa.
• Aportaciones no dinerarias.
• Prestaciones de servicios.
• Combinaciones de negocios.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de noviembre) establece que las operaciones entre personas y entidades vinculadas no se valorarán por el precio acordado entre las partes, sino que se efectuarán de acuerdo al  valor normal de mercado. El valor de mercado hace referencia a aquel que se hubiese alcanzado para dicha transacción con cualquier otra entidad o persona física en situación de libre competencia sin que existiera dicha relación o vinculación. De hecho, la Agencia Tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas con personas o entre entidades vinculadas han sido correctamente valoradas por el valor normal del mercado; y puede solicitar correcciones en dichas operaciones con respecto al pago de los impuestos correspondientes: impuesto de sociedades, IRPF, o al IRNR (Impuesto sobre la Renta de no Residentes). Igualmente la falta de documentación o información inexacta sobre la estimación del valor de la operación es motivo de sanciones y multas económicas.

Pero, ¿cómo se establece cuál es el valor de mercado?

Para la determinación del valor normal de mercado se pueden aplicar distintos métodos. Entre ellos los más utilizados son: el método de precio libre comparable (comparar con operaciones similares); el método del coste incrementado (considerando los márgenes brutos que se obtendrían en operaciones no vinculadas similares) o método de precio de reventa (considerado el margen que un vendedor independiente obtendría en la venta de un bien o producto similar). En casos más complejos o que debido a la información existente no se puedan aplicar los métodos anteriores también se pueden utilizar otros métodos para determinar el valor de la operación como: el método de la distribución del resultado o el método del margen neto del conjunto de operaciones.

Por la importancia de las operaciones vinculadas tanto en los aspectos contables (PGC) como de obligaciones fiscales de la sociedad, resulta fundamental un análisis y evaluación para la correcta valoración y fiscalización de estas operaciones vinculadas dentro de la empresa. 

¡Ah, ¿pero hay distintos tipos de facturas?! Pues sí, y tanto si eres autónomo o tienes una empresa o PYME; como si quieres utilizar tus facturas para justificar gastos a tu empresa o deducirlos fiscalmente, te conviene saber qué modelos de facturas existen y cuándo pueden o deben utilizarse cada una.

Tipos de facturas

1. Factura ordinaria.

La factura ordinaria de venta es la más utilizada y la que comúnmente conocemos. Si en cualquier establecimiento pedimos una factura, posiblemente sea esta la que nos faciliten. En la factura ordinaria se refleja toda la información de la transacción realizada y es la principal garantía (o única) para cualquier tipo de reclamación.

¿Qué datos debe contener la factura ordinaria?

• Datos del vendedor (o emisor): nombre, NIF o CIF, dirección completa.
• Datos del cliente (o destinatario): nombre, NIF o CIF, dirección completa.
• Fecha de expedición.
• Número de factura.
• Descripción de los servicios o detalle de los productos adquiridos.
• Base imponible.
• Detalle de los impuestos [porcentaje aplicado y tipo: IVA, impuesto de reciclaje, o exención de aplicación de IVA; porcentaje de retención por IRPF (autónomos)].
• Valor total una vez aplicados los impuestos o restadas las retenciones.

Una factura ordinaria es la que debemos pedir para poder deducirnos el IVA.

2. Factura simplificada o ticket.

Es lo que generalmente conocemos como ticket, pero realmente si leemos el texto del encabezamiento se indica “factura simplificada”. Son habituales en pequeños comercios, bares y restaurantes, supermercados, peluquerías, autopistas, etc. ya que facilita mucho las transacciones en negocios en los que se realizan pequeños cobros. Sin embargo, no todos los tipos de negocios pueden emitir facturas simplificadas.

A diferencia de la factura ordinaria, en la factura simplificada sólo aparecen los datos fiscales del emisor pero no los del cliente, por lo que una factura simplificada puede ser válida para justificar gastos en nuestra empresa, pero no será válida para que podamos deducirnos el IVA en la Agencia Tributaria.

3. Factura proforma.

Una factura proforma es lo que conocemos como presupuesto. Es la que suelen suministrarnos cuando a una empresa pedimos precios de distintos productos para valorar si comprarlo o no.

Los datos generales son similares a la factura ordinaria, pero sin nº de factura, y suele indicar el tiempo en el que tiene validez el precio indicado para el bien o servicio solicitado. Pueden ser utilizadas cuando vamos a pedir alguna ayuda o subvención al iniciar un negocio, por ejemplo, solicitud de capitalización de desempleo, ayudas para la implantación de tecnología en la empresa, etc. Posteriormente deberemos justificar los gastos reales que hemos tenido a través de una factura ordinaria una vez adquirido el producto. Las facturas proforma no tienen ninguna validez para la Agencia Tributaria.

4. Factura rectificativa.

Una factura rectificativa es la que se hace cuando se va a modificar por alguna razón (error, omisión o modificación) los datos de una factura ordinaria que ya ha sido emitida. Por ley una factura ya emitida no puede modificarse, por ello, en caso de detectarse un error o ser necesaria una modificación se debe emitir la factura rectificativa. Por ejemplo cuando hacemos una devolución, en los conceptos devueltos aparecerán en la factura rectificativa con valor negativo. En estos casos debemos conservar la factura original y la factura rectificativa.

5. Factura electrónica.

Hace referencia al formato en el que se emite la factura, pero también requiere de unas condiciones concretas. Para ciertas cuantías y en tramitaciones con la Administración Pública puede ser obligatorio emitir factura electrónica. La factura electrónica debe cumplir con las mismas características que la factura ordinaria en cuanto a datos que contiene pero para su emisión es necesario una firma electrónica utilizando un certificado digital. Si vas a emprender un negocio de ventas o servicios online posiblemente sea el sistema que debas utilizar.

Como hemos visto existen distintos de facturas y no todas ellas tienen la misma validez para Hacienda ni pueden ser emitidas por todo tipo de negocios.